La pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio, un análisis entre Colombia y España

Abstract

El legislador colombiano ha determinado que al encontrarse la pena principal de privación de la libertad en centro penitenciario y carcelario, siempre se debe aplicar la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas sin importar el tipo penal. Por consiguiente, el legislador al tipificar una pena como consecuencia jurídica del acto punible, debe tener en cuenta el nexo causal entre la conducta delictiva desplegada por el sujeto y la consecuencia jurídica que se debe aplicar conforme a los principios de las sanciones penales. Por ello, el legislador debe distinguir las diferentes clases de derechos públicos que tiene el ciudadano, y definir cuál debe ser suspendido como consecuencia jurídica del acto punible. En igual sentido, el juez al momento de inhabilitar por medio de sentencia condenatoria el ejercicio de derechos y funciones públicas, debe realizar una estricta motivación sobre cada una de las penas impuestas, puesto que su vinculación como pena no puede ser únicamente por mandato legal.