Relación de los derechos humanos – tributación: una revisión desde la teoría de la justicia de Jhon Rawls

Abstract

Una parte de las necesidades que experimentan las personas puede satisfacerse de forma individual con los propios recursos. Pero hay otras necesidades cuya satisfacción individualizada no resulta posible sino que es preciso atenderlas de forma colectiva, aunando esfuerzos mediante la aportación por cada uno de una porción de sus ingresos, es por ello que los ciudadanos tienen el compromiso y la responsabilidad de contribuir de manera solidaria, proporcional y equitativa en los gastos públicos del Estado, todo con el fin de coadyuvar en el desarrollo de las actividades que están encaminadas a proveer servicios públicos y a satisfacer las necesidades generales fundamentales de la sociedad. Precisamente, el Sistema Tributario Colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, es decir, que la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público. Así lo expresan los numerales 11 y 12 del art. 150 de la Carta Constitucional, que enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los casos y condiciones que establezca la ley. Teniendo en cuenta que la iniciativa para la expedición de normas en materia fiscal proviene del Gobierno o Congreso de la República, y que para decretar exenciones sobre las mismas la iniciativa legislativa es exclusiva del Gobierno, y que según la teoría de la justicia de Rawls (2006), la justicia de un esquema social depende esencialmente de cómo se asignan los derechos y deberes fundamentales y de las oportunidades económicas y las condiciones sociales en los diversos sectores de la sociedad